Avanza la investigación a líderes piqueteros imputados por “extorsión”
La ministra Bullrich aseguró que “en los allanamientos se encontró dinero y elementos probatorios”. Los dirigentes sociales, en tanto, denunciaron amenazas, irregularidades y actos intimidatorios durante los operativos ordenados por la Justicia.
En una jornada de intensos operativos, este lunes se realizaron 27 allanamientos como parte de una investigación por presuntas extorsiones cometidas por varios dirigentes de organizaciones sociales. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, expresó: “es la primera vez que hay una decisión política de terminar con estos falsos líderes sociales que tienen poco de social y mucho de organización y sometimiento de la gente a la que dicen conducir”.
Los procedimientos, solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, fueron autorizados por la Cámara Federal tras una denuncia del Ministerio de Seguridad basada en llamados anónimos a la línea 134.
La investigación, que comenzó con la denuncia del Ministerio de Seguridad, identificó a 27 dirigentes sociales, entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos del Polo Obrero. Otros implicados pertenecen a Barrios de Pie y diversas organizaciones sociales. Estos dirigentes ahora enfrentan cargos por presunta extorsión.
Inicialmente, el fiscal Pollicita solicitó detenciones, las cuales fueron denegadas por el juez Sebastián Casanello. No obstante, la Cámara Federal habilitó los allanamientos como medida probatoria, lo que llevó a los operativos de este lunes.
Según la fiscalía, existen tres tipos de extorsión vinculados a los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Denuncian que los dirigentes cobraban una “cuota” a los afiliados para el aporte a comedores, los obligaban a vender alimentos recibidos del Estado y a asistir a manifestaciones bajo amenaza de retirarles la ayuda o no entregarles los suministros.
Frente al Congreso, dirigentes de distintas organizaciones sociales hablaron en conferencia de prensa y negaron irregularidades. Dijeron que se trata de una “persecución política” del gobierno de Javier Milei y denunciaron como “ilegales” muchos de los procedimientos.
“Están limpiando el territorio para que se desarrollen las redes narcos. Hoy, fue un amedrentamiento más, rompieron nuestras puertas, amenazaron a nuestras familias, pero las organizaciones sociales hemos aprendido. Vamos a dar la vida, no nos van a vencer, no nos van a quebrar, vamos a dar la cara, vamos a seguir organizados, peleando, defendiendo a nuestras familias”, afirmó Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de UTEP.





